Buenas tardes,
Estos últimos días hemos sido testigos en el Parlamento de Andalucía de dos caras muy diferentes de los representantes políticos de nuestra tierra.
Por un lado, el pasado día 25 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), el texto definitivo de la Proposición no de Ley (PNL), ya aprobada con anterioridad el dos de mayo, en la que todos los grupos políticos con representación instaban al gobierno andaluz a cumplir con el Laudo arbitral de Andalucía Emprende y llevar a efectos todo el despliegue de efectos del mismo.
Pero esa cara amable del Parlamento Andaluz para con Andalucía Emprende se trunco el pasado miércoles, en la comparecencia de la Consejera de Hacienda en Comisión Parlamentaria.
En esa comparecencia, la señora consejera, a pregunta de la diputada de IU Elena Cortes, volvió a arremeter contra el Laudo de Andalucía Emprende, haciendo caso omiso de la PNL publicada unos días antes, y con todo el descaro del mundo tachó a ese Laudo de ilegal y dijo que los Decretos y Autos del TSJA sobre el mismo eran contradictorios con la doctrina jurídica en la materia y poco claros.
Pareciera en un momento dado de la intervención de la Sra. Montero que no supiera ciertamente a qué se está refiriendo puesto que no es cierto que respecto al conflicto de Andalucía Emprende existan sentencias contradictorias en la cuestión del Laudo. De hecho, afirma casi al final de su intervención, que efectivamente piden aclaraciones porque no entienden sí deben aplicarlo así tal cual o después del informe... Y lo más sorprendente, cuestiona la competencia del Tribunal al afirmar que en ocasiones emiten sentencias que son de difícil aplicación...
Con esas afirmaciones, la señora consejera estaba presuntamente acusando de manera implícita de prevaricación y/o negligencia tanto al señor D. Jesús Cruz Villalón, como arbitro responsable del Laudo arbitral supuestamente ilegal, como a los Magistrados de la Sala de lo Social del TSJA de Granada, cuyos pronunciamientos obligan a la aplicación del Laudo.
La realidad es que existe un Laudo legítimo y legal que es firme ya que no ha sido impugnado en plazo y forma.
Que dicho Laudo no está supeditado al informe de Hacienda para su ejecución, sí el texto del CC negociado, y de ahí que ante el informe que emiten donde cuestionan la legalidad del Laudo se solicita a los Tribunales que se reconozca al mismo y se obligue a su ejecución.
Y es patente que desde el TSJA admitiendo a trámite la solicitud de ejecución del Laudo, desestimando el Recurso de Reposición interpuesto contra ese Decreto de ejecución, el Auto no dando lugar a aclaraciones y la Providencia que recoge que no ha lugar ni al escrito de oposición ni vista oral dejando claro el Magistrado que se ha pronunciado de manera firme y clara sobre la ejecución del Laudo, no cabe dar más vuelta ni argumentar más la demora en poner en práctica cuántas medidas se recogen en el propio Laudo argumentando que no se hace porque no se tienen suficientes garantías jurídicas y es de difícil aplicación.
Si existe la voluntad de solucionar esta cuestión, ¿por qué se continúa enredando sobre sí el Laudo debe ser objeto de informe de Hacienda, sí es obvio que no es así?
¿Hasta cuándo seguiremos en esta situación de negación de la realidad y de la legalidad?
Sí tal y como dice en su intervención la Sra. Montero, contradiciendo sus propias palabras, que la Consejería de Hacienda apoya lo que la Consejería de Economía y la representación legal decidamos, ¿DÓNDE ESTÁ EL ESCOLLO PARA RECONOCER LA EFICACIA DEL I CC AEFPA?
Existe una PNL apoyada por todos los grupos políticos representados en el Parlamento Andaluz para ejecutar el Laudo y sus efectos.
Se ha finalizado la negociación del resto del articulado del Convenio sobre los que Hacienda emitió informe desfavorable.
Los Tribunales se han pronunciado sobre la naturaleza ejecutiva y legal así como de obligado cumplimiento del Laudo. Los tribunales son los garantes de la legalidad.
La parte social mayoritaria en Andalucía Emprende FPA, la representación por CCOO apoyada por su sindicato defiende el I CC así como la ejecución inmediata del laudo.
¿Qué más garantías jurídicas, políticas y sindicales necesita?
Ahora lo que procede es que evalúen el contenido del CC donde indicaron aspectos a considerar y así se ha revisado y consensuado por toda la Comisión, y aunque el Laudo que es reconocido por el TSJA a título ejecutivo, dado que regula el capítulo retributivo del CC, se incorpore a dicho texto, es intocable, no es cuestionable y menos objeto de informe de Hacienda alguno.
Se adjunta texto publicado de la PNL y enlace al video de la intervención de la consejera Montero en el parlamento.
SEGUIREMOS INFORMANDO!!!
