El pasado 10 de diciembre tuvo lugar la citación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla dirigida a todos los miembros de la Comisión de Igualdad, tanto de la parte empresarial como de la representación social. La citación respondía a la denuncia presentada por toda la representación social el 25 de junio del presente año por el incumplimiento del II Plan de Igualdad de Andalucía Emprende F.P.A.M.P.
Durante la sesión, la Inspección centró su actuación en plantear diversas preguntas a la empresa, que permitieron constatar lo siguiente:
El proceso de negociación del II Plan de Igualdad comenzó en 2015 y finalizó su elaboración en junio de 2020, a instancia de la propia Inspección de Trabajo, con vigencia hasta junio de 2023.
Pese a las reiteradas solicitudes de la parte social —y no por iniciativa de la empresa—, no fue hasta diciembre de 2022 cuando se celebró la primera reunión de seguimiento, incumpliéndose así el propio Plan desde su inicio.
Aunque la parte social mostró su voluntad, y así lo firmó, de ampliar la vigencia hasta diciembre de 2023, reducir las medidas a ejecutar y realizar una evaluación en enero de 2024, la empresa incumplió nuevamente todos los plazos, no ejecutó las medidas previstas ni realizó la evaluación comprometida. Última reunión en marzo del 2024.
Se constató igualmente que la empresa acude a la Comisión de Igualdad sin personas con capacidad real de decisión.
La inspectora recordó que la vigencia máxima legal de los Planes de Igualdad es de cuatro años, y que en Andalucía Emprende se carece de Plan de Igualdad desde junio de 2023.
Para sorpresa de la propia inspectora, la empresa no ha iniciado la negociación del III Plan de Igualdad.
Ante la pregunta de la Inspección sobre la voluntad de ambas partes para resolver la situación de ausencia de Plan de Igualdad, la representación social volvió a demostrar con hechos su compromiso inequívoco. Por su parte, la empresa manifestó su intención de sacar una licitación para un servicio de asesoramiento externo, generándose un debate sobre si el problema radica realmente en la elaboración del plan o en la falta de voluntad de ejecutarlo.
Como resultado, la Inspección decidió iniciar un expediente sancionador a la empresa y otorgar un plazo máximo de tres meses para convocar la Comisión de Igualdad e iniciar la negociación del nuevo Plan. Asimismo, fija un plazo de un año desde su constitución para negociar, acordar y registrar el nuevo Plan ante la propia Inspección de Trabajo.
La dirección de Andalucía Emprende vuelve a demostrar que ignora deliberadamente sus obligaciones en materia de igualdad, incumpliendo la Ley Orgánica de Igualdad y los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020. Es evidente que la Dirección no muestra el más mínimo interés en garantizar derechos esenciales de la plantilla.
Desde la parte social lamentamos profundamente haber llegado a una situación que nunca debería haberse producido. Es inadmisible que la empresa mantenga una actitud de dejadez sistemática y que, lejos de implicarse en la igualdad real, se limite a actuar únicamente cuando la Inspección interviene o cuando planea una sanción. La igualdad no puede construirse a base de amenazas, sino con compromiso, responsabilidad y verdadera voluntad de avanzar.
Seguiremos informando.
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